“Pásale mi amor, ahorita viene la señora”, dice una mujer al recibirme en el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana en un suburbio de la Ciudad de México. "Bienvenida, te voy a dar un abrazo", agrega, con un beso en la mejilla. 

Su saludo es cálido y se ajusta a la descripción de la publicidad de la organización en un sitio web llamado interrumpir-embarazo.com, donde se define como “un colectivo de mujeres que sabemos lo difícil que es enfrentarte a un embarazo no deseado”, y que prometen “te acompañamos, con seguridad y discreción”.

Ese sitio web sugiere asimismo que el centro practica abortos. Encabezando la lista de servicios publicitados aparece ILE, siglas de “interrupción legal del embarazo”. Pero esto, como descubrí, es engañoso.

Este lugar en Ciudad de México es parte de una red antiabortista de ‘centros de embarazos en crisis’ (CPC, por sus siglas en inglés), respaldada por poderosos grupos cristianos conservadores de Estados Unidos que están vinculados al gobierno de Donald Trump. Muchos se oponen incluso a los anticonceptivos de última generación.

Esta red ha sido condenada por legisladoras, médicas/os y activistas de derechos humanos por “desinformación, manipulación emocional y engaño liso y llano”, luego de una investigación de openDemocracy en 18 países.

En numerosos centros de esta red en todo el mundo, a nuestras reporteras encubiertas que se hicieron pasar por mujeres embarazadas y vulnerables, se les suministró información médica incorrecta – por ejemplo, que el aborto eleva significativamente los riesgos de cáncer y enfermedad mental – y se las presionó para continuar con embarazos sin importar su voluntad.

Legisladoras de diferentes países de América Latina reclamaron medidas a estos hallazgos. Un asunto de preocupación para algunas es que estos centros logren eludir las normas que regulan el asesoramiento médico pues no se les exige registrarse como proveedores de servicios de salud.

En Argentina, la diputada de la coalición gobernante Mónica Macha dijo que no se debe “permitir que operen en las sombras” y que “es clave que la justicia investigue el grado de legalidad de los procedimientos” de estos centros.

En Ecuador, la presidenta de la comisión de justicia del parlamento, Ximena Peña, dijo que nuestros hallazgos “deberían ser entregados a las autoridades competentes para que puedan iniciar una investigación”. Y la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, aseguró que su cartera “emprende acciones de revisión, vigilancia y monitoreo y, de ser el caso, sanción”.

Como parte de la investigación global de openDemocracy, un día de semana por la mañana asistí a un centro en el suburbio de la Ciudad de México que se publicitaba en el sitio interrumpir-embarazo.com. En su publicidad en línea, no hacía mención a su agenda contra el aborto.

Sentada en una sala sin ventanas con una pequeña cama improvisada y una almohada, escuché al personal del centro asegurar, de forma incorrecta, que tres de cada 10 mujeres sufren complicaciones graves por aborto, como perforación del útero o del intestino y muertes dolorosas (las complicaciones graves de abortos seguros son, en verdad, extremadamente raras).

La mujer que me hablaba me dijo, también de forma incorrecta: “¿Sabes que no te aceptarían en un hospital al llegar con una hemorragia si te automedicaste?”. (Por ley, los hospitales públicos deben atender a cualquiera que llegue a una sala de urgencia).

Durante 50 minutos, la mujer me mencionó a mi compañero y su “derecho a elegir” más de 20 veces, e incluso me dijo que necesitaría el consentimiento escrito de él o de un familiar para acceder a un aborto legal (en verdad, los abortos por voluntad de la mujer son legales en las primeras 12 semanas de embarazo en Ciudad de México).

La mujer colocó copias de supuestos formularios de consentimiento sobre el escritorio que nos separaba. En el papel había espacios para dos firmas. “¿Mi novio tendría que firmar?” pregunté. "Sí, se necesita un familiar o alguien responsable", respondió. 

“Si se perforó el intestino o si hubo daño al útero, estás teniendo una hemorragia, no se detiene la hemorragia, tú estarías autorizando, junto con tu novio, que si fuera necesario, tuviera que retirarse el útero”, continuó.

Marta Lamas, una de las feministas más prominentes de este país y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó los hallazgos de openDemocracy como “realmente escandalosos” y condenó “toda la estrategia de atemorizar” a las mujeres “diciendo mentiras”.

Ana María Camarillo, presidenta de la red de derechos reproductivos Colectivo de Asociaciones para la Interrupción Legal del Embarazo (CAMILE) añadió: “No entendemos cómo con tanta mentira les permiten funcionar”.

Patricia Mercado, senadora del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, dijo que estos centros están “aprovechando una laguna de manera tramposa” y quedan fuera del control pues no se les exige estar registrados como servicios de salud. “Más que una legislación”, Mercado pidió políticas públicas para generalizar la información y el acceso al aborto.

Dinero y conexiones estadounidenses

Durante los últimos nueve meses, openDemocracy trabajó con periodistas encubiertas en 18 países de cinco continentes para contactar filiales del grupo estadounidense Heartbeat International, con sede en Ohio. Esta organización ha celebrado a sus “nuevos amigos en Washington”, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, que habló en algunos de sus actos.

Heartbeat viene apoyando estos ‘centros de embarazos en crisis’ en todo el mundo desde su fundación, a inicios de los años 70, en medio de la ola de legalización del aborto en EEUU. Ahora hay unos 2.000 de esos grupos en ese país, donde han sido objeto de numerosas controversias, incluyendo denuncias por desinformación.

Hoy Heatbeat tiene asimismo cientos de afiliados fuera de EEUU, incluyendo 70 solo en México y muchos más en otros países de América Latina, donde mantiene una asociación con la red regional Centros de Ayuda para la Mujer Latinoamericana (CAM).

La red CAM se fundó en la década de 1980 luego de que un activista local asistiera a una conferencia en Estados Unidos organizada por otro grupo antiaborto, Human Life International (HLI), con sede en Virginia, cuyo fundador calificó los métodos anticonceptivos como un “cáncer moral”.

Heartbeat entregó a la red CAM, cuya sede está en México, al menos 25.000 dólares desde 2012 para “entrenamiento, consultoría y apoyo a nuestros afiliados comunes”, según las declaraciones tributarias de este grupo en EEUU, analizadas por openDemocracy.

HLI asegura que gastó unos 920.000 dólares en América Central y el Caribe en 2008-2014, y más de 230.000 en América Latina en 2015-2017. No está claro cuánto de ese dinero fue a la red CAM, pero su logo aparece de manera prominente en la página principal del sitio web de CAM, junto al de Heartbeat.

Estas dos organizaciones tienen nexos con un exfuncionario del gobierno de Trump, Scott Lloyd, destituido al revelarse que manipuló solicitudes de aborto de inmigrantes adolescentes. Este hombre integró la junta directiva de una filial de Heartbeat en Virginia y fundó un bufete de abogados cristianos en la misma sede de HLI.

En 2017, periodistas de investigación estadounidenses revelaron que menores inmigrantes que solicitaban un aborto mientras estaban bajo custodia federal en la frontera con México eran derivadas a centros de asesoramiento recomendados por Heartbeat.

En todo el mundo, openDemocracy halló muchos ejemplos de publicidad engañosa e información médica incorrecta en los centros afiliados a Heartbeat, incluyendo sitios web y cartelería que no explicitan sus posiciones contra el aborto.

En cuatro países latinoamericanos, nuestras reporteras encontraron también centros de la red CAM que apuntan de manera específica hacia mujeres que buscan información y servicios de aborto en internet. Algunos se presentan como grupos a favor del aborto o incluso como proveedores de servicios de interrupción de embarazos.

Uno de esos centros en Ecuador proclama en línea: “No dejes que tu vida cambie. Es tu decisión” - y parece ofrecer el fármaco misoprostol para un aborto médico.

En Costa Rica otro centro se publicita en un sitio web llamado quieroabortarcr.com, mientras uno en Argentina tiene sus teléfonos móviles registrados en el sitio embarazoinesperado.com.

“¿Por qué no quieres tener a tu bebé?”

En Facebook, un segundo centro que visité en la Ciudad de México muestra una foto de una médica con un estetoscopio colgado del cuello y una bata de laboratorio, con la descripción: “¿Quiénes somos? Especialistas en el aborto con fármacos”. Su postura contra el aborto se oculta, pero me resultó evidente apenas visité ese centro. 

La mujer que me recibió en ese segundo centro, fotografiado más arriba, me preguntó casi de inmediato sobre mi religión y quiso saber: “¿Por qué no quieres tener a tu bebé?”. Pese a la afirmación en Facebook “especialistas en el aborto con fármacos”, el lugar no se parecía en nada a una clínica y la persona con la que hablé admitió, tras mi pregunta, que no tenía formación médica.

Pero aún así me ofrecieron una ecografía como parte de su ‘asesoramiento’ contra el aborto y tratamiento psicológico para el ‘síndrome posaborto’ (refutado por organismos mundiales de salud, por erróneo y sin sustento científico).

Si bien este centro no hace ninguna referencia en internet a sus conexiones internacionales, me dejaron sola dentro de una sala para que viera un video, en inglés con subtítulos en español, que describía cómo tener un aborto médico podía matarme.

En toda la región, nuestras reporteras encubiertas tuvieron experiencias similares en otros centros. En Costa Rica, a nuestra periodista también le mostraron un video diferente con narración en inglés y le dijeron que un aborto podría ponerla en riesgo de infecciones graves o coágulos de sangre, paro cardiorrespiratorio y parálisis cerebral, o que tal vez no podría controlar su ira luego de un aborto, cuando su “vida se convirtiera en un infierno”.

openDemocracy encontró decenas de estos centros dentro de hospitales públicos en Italia. En uno, el personal también le advirtió sobre el “síndrome posaborto” y le dijo que un aborto puede causar cáncer, mientra tener un bebé puede curar enfermedades graves como la leucemia.

En España, donde las únicas otras ‘clientas’ que nuestra periodista vio eran migrantes latinoamericanas, le dieron una copia de un artículo que advierte que las mujeres que tienen abortos son “144% más propensas” a abusar físicamente de sus hijos.

En respuesta a las preguntas de openDemocracy, Heartbeat sostuvo que “nos adherimos firmemente a nuestro Compromiso de Cuidado”, que obliga a los afiliados a la exactitud en la información y la publicidad. “Diferentes países tienen sus culturas y diversas formas de comunicarse, pero sigue siendo un hecho que el aborto entraña riesgos para las mujeres”, sostuvo la organización.

“Con amor y verdad, nuestro objetivo es ayudar a que la clienta entienda el aborto de manera más cabal para que pueda tomar una decisión realmente informada”, añadió.

En América Latina, la red CAM no respondió nuestras preguntas, y tampoco lo hicieron los centros que nuestras reporteras visitaron en Argentina, Costa Rica, Ecuador y México. HLI también se abstuvo de hacer comentarios.

La feminista mexicana Marta Lamas observó que los hallazgos de openDemocracy “son la prueba de algo que suponíamos y que sabíamos que existía, de una campaña de mentiras y de engaños de los grupos de derecha fundamentalistas, pero nunca habíamos tenido la prueba”. Y añadió: “Estoy muy impactada”.

“El problema con estas ‘clínicas’ es que omiten información o la tergiversan”, sostuvo Regina Tamés, directora ejecutiva saliente del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Es “engañar a las mujeres y no proveerles con toda la información necesaria para tomar una decisión responsable”.

En el ámbito internacional, Hillary Margolis, investigadora principal de Human Rights Watch, reclamó normas más firmes contra la publicidad engañosa así como acción gubernamental para “contrarrestar mitos sobre sexo, embarazo y derechos reproductivos”.

“Toda mujer, en todas partes, sin importar el lugar o la situación, merece el derecho a información exacta”, afirmaron integrantes de la Eurocámara en una carta a comisarias europeas en la que demandan una “acción firme” en respuesta a esta investigación.

“Todos los políticos”, agregó el secretario del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Neil Datta, más allá de lo que piensen sobre el aborto, “deberían estar muy preocupados de que se burlen las leyes de sus países mediante desinformación, manipulación y engaño liso y llano”.

“Es un problema del estado de derecho”, concluyó.

*Reportaje adicional por Diana Cariboni.