A lo largo del 2018, Amnistía Internacional registró una serie de ataques y amenazas perpetrados en Ecuador contra las defensoras de derechos humanos. A pesar del cambio retórico representado por el Gobierno del presidente Moreno, esta situación ha evidenciado fallas graves en la capacidad y la voluntad de las instituciones del Estado para llevar a cabo investigaciones penales y garantizar medidas de protección adecuadas y efectivas. Sin embargo, las autoridades de Ecuador tienen en sus manos la oportunidad de poner fin a esta grave situación y garantizar justicia y protección para las Mujeres Amazónicas y cualquier persona que defienda derechos en Ecuador. Para esto, deben implementar una Política Nacional de Protección y un Protocolo de Investigación de Delitos contra ellas..
