«No lo entendemos y el Ministerio de Educación tampoco lo ha explicado», señala José Ramón Merino, responsable de política educativa del Sindicato de Técnicos de Enseñanza (STEs-i). Desde hace un año los profesores técnicos de Formación Profesional viven en el desconcierto y la incertidumbre. La LOMLOE establece en su disposición undécima que el cuerpo de profesores técnicos sin titulación universitaria y funcionarios de carrera pasará a ser un cuerpo a extinguir.
La Ley crea un nuevo cuerpo de «profesores especialistas en sectores singulares» de la Formación Profesional, que estaría englobado en el grupo funcionarial A2 y en el que se integrarían los actuales interinos sin titulación universitaria. De las 29 especialidades en las que están divididos los profesores técnicos de FP, hay 19 en las que ya se exige titulación universitaria.
Las otras 10 especialidades son impartidas por profesores que, por ejemplo, cuentan con un título de Técnico Superior de FP, ya que son materias que no tienen estudios equivalentes en la universidad: Cocina y pastelería; Estética; Soldadura; Fabricación e instalación de carpintería y mueble; Mecanizado y mantenimiento de máquinas; mantenimiento de vehículos; Patronaje y confección; Producción de artes gráficas; Peluquería, y Servicios de restauración.
Tres cuerpos de profesores diferentes
Merino califica de «auténtico despropósito» que convivan en los mismos centros educativos 3 cuerpos de profesores diferentes dando clase a los mismos alumnos de las mismas enseñanzas. «La labor educativa es una tarea de equipo y un equipo funciona mejor cuando está cohesionado y coordinado», arguye Merino.
La asociación Red de Profesores Técnicos de Formación Profesional (RED PTFP) considera que la ley «lesiona sus derechos» y crea «discriminaciones injustas» entre trabajadores públicos que realizan la misma tarea. Por ello, reclama al Ministerio de Educación y FP (MEFP) que reconozca las titulaciones superiores de FP al mismo nivel que el título de universitario, de tal modo que puedan acceder, como sus compañeros, al cuerpo de profesores de Secundaria y Bachillerato nivel A1. «A igual trabajo, iguales condiciones», reclaman.
«La labor educativa es una tarea de equipo y un equipo funciona mejor cuando está cohesionado y coordinado», arguye Merino
Su presidente, Diego Aguilera, reconoce que la Ley de Formación Profesional tiene «buenas intenciones», sin embargo, critica que la urgencia y prisas para aprobarla han impedido que se realicen «modificaciones para incluirnos». Lamenta que el MEFP no se haya reunido con su asociación y espera a ver cómo se implementa la normativa. «Está todo en el aire», indica.
«La LOMLOE ha subsanado una discriminación entre profesores de Secundaria y de FP, pero ha abierto otra entre los docentes de la Formación Profesional», señala Aguilera. De hecho, advierte que ya se han producido enfrentamientos en el profesorado. «Un sector minoritario de profesores con titulación universitaria se queja porque creen que somos nosotros, con nuestras reivindicaciones, los que estamos frenando su proceso de equiparación», comenta.
Sin datos claros de profesores afectados
Las cifras de profesores afectados no están claras. Desde la asociación critican que el Ministerio «no conozca los datos reales» del profesorado del cuerpo de Formación Profesional que está desempeñando su labor con título universitario y el que lo hace con titulación superior de Formación Profesional. En un escrito remitido por el MEFP a la asociación tampoco da un número exacto de cuántos profesores son funcionarios interinos y cuántos son funcionarios de carrera.
Desde el Ministerio y la Asociación de Profesores de Formación Profesional aseguraban que el 90% de los docentes de FP contaban con titulación universitaria y se beneficiarían del cambio y su acceso al cuerpo A1, sin embargo, desde UGT y la Red PTFP rebajan esa cifra y calculan que alrededor del 40% se quedarían fuera, unos 12.000 trabajadores.
«Hemos preguntado a las comunidades autónomas y muchas no tienen datos», asevera Aguilera. Cree que el porcentaje del 10% que cifra el Ministerio (3.000 profesores) es muy poco realista, ya que solo en Euskadi y Cataluña hay notificados 2.000 profesores técnicos de FP sin grado universitario.
«No se verán lesionados sus derechos»
Diego Aguilera también es profesor de FP de gestión administrativa y cuenta con 31 años de experiencia impartiendo clases. «Si llevamos tres décadas dando clase, algo sabremos de la materia, aunque no tengamos título universitario», expone. Su objetivo es que se les reconozca sus competencias y que las Comunidades Autónomas equiparen salarialmente a todos los profesores de Formación Profesional.
En el entorno de la Ministra Pilar Alegría se explica que los profesores técnicos de FP «no verán lesionado ninguno de sus derechos» y añaden que con la nueva normativa «tendrán posibilidades de mejorar su situación». Además, recuerdan que «por la ley de función pública no pueden acceder al mismo escalafón que los de Secundaria» al no contar con titulación universitaria.
Una afirmación que, sin embargo, no comparten desde la Red PTFP, quienes apuntan que tanto la LOE como la LOMLOE recogen que la enseñanza universitaria y la formación profesional de grado superior constituyen la educación superior, por lo que en la asociación creen que «no hay justificación» y exigen «la unificación de todo el profesorado».
Una ley que apuesta por la formación en empresas
La Ley de Formación Profesional fue aprobada en el Senado el pasado 23 de marzo, sin ser aceptada ninguna de las 324 enmiendas que se presentaron. Diversos sindicatos como STEs-i, STEILAS, AFAPNA o UGT se concentraron en varias ciudades españolas para reclamar mejoras en los derechos del profesorado técnico. La Red PTFP lanzó la campaña «De espaldas a la Ley» para denunciar la pérdida de derechos y la falta de voluntad para negociar.
Merino considera que la ley abre las puertas a la mercantilización de la formación profesional, advirtiendo que las administraciones «se ahorrarán dinero al contratar menos profesorado» y el alumnado tendrá menos referencias humanísticas, sociales y colaborativas.
Desde la asociación critican que el Ministerio «no conozca los datos reales» del profesorado del cuerpo de Formación Profesional que está desempeñando su labor con título universitario y el que lo hace con titulación superior de Formación Profesional
La nueva norma apuesta por la Formación Dual, es decir, en centros educativos y en empresas y, para ello, establece que un mínimo de 25% del currículo pasará a darse en los centros laborales. Es decir, la parte del aprendizaje que se desarrollará allí no serán prácticas de empresa como ahora, sino parte del currículo.
El responsable de política educativa de STES-i afirma que «al perder ese porcentaje de horario lectivo a desarrollar en el centro educativo, será necesario menos profesorado» y augura que habrá personas que pierdan su puesto de trabajo. «La propia ministra nos lo reconoció en la reunión que tuvimos con ella en octubre», comenta Merino, y añade que Alegría cree que «la pérdida de puestos de trabajo se podrá ver compensada por el creciente número de alumnos que se matricularán».