La EVAU de este año seguirá marcada por la pandemia. El Ministerio de Educación mantiene las condiciones de las últimas dos pruebas y señala dos fechas en el calendario: el 16 de junio, como fecha máxima para la finalización de la convocatoria ordinaria; y el 15 de julio o 16 de septiembre para la extraordinaria, según la elección de las comunidades autónomas. Además, las instrucciones publicadas en el BOE recomiendan que la prueba dure 4 ó 5 días a lo sumo, para adecuar los exámenes a las restricciones derivadas de la pandemia. Consideran desde el gobierno que, a pesar de que la vacunación ha contribuido a que las cifras relativas a la transmisión del virus sean mejores, la actividad educativa no ha recuperado por completo la normalidad. Dejan en manos de los gobiernos autonómicos que tomen «medidas extraordinarias en caso de que se produzca un agravamiento de la situación epidemiológica que requiera su aplicación», pero insisten en que «velarán por que se arbitren los procedimientos necesarios para garantizar su normal celebración en las fechas previstas».
De esta manera, La Rioja será la encargada de inaugurar la selectividad 2022 los días 1, 2 y 3 de junio. Le seguirán Madrid, Murcia y Cantabria (6,7 y 8 de junio); y Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha (7,8 y 9 de junio). Después —los días 8, 9 y 10 de junio—, será el turno de Asturias, Canarias y País Vasco. Cerrando la agenda están Andalucía y Cataluña, que llaman a los alumnos a realizar los exámenes el 14, 15 y 16 de junio.
Opciones
Quienes se sometan a esta prueba de acceso a la universidad dispondrán de nuevo de una mayor optatividad a la hora de elegir las preguntas. Antes de la pandemia, se podía elegir entre la opción A y la opción B, con cuatro preguntas sobre cada bloque temático de la materia. Ahora, se plantea un único examen de 8 preguntas de las que los estudiantes escogen cuatro. Como es habitual, todos tendrán que examinarse de las asignaturas troncales y, si desean subir nota, podrán hacerlo también de las optativas. La nota final dependerá un 40% de la nota de la EVAU (siempre y cuando llegue al 4) y en un 60% de la media de bachillerato.
Los sindicatos han recibido bien la decisión de realizar una selectividad en la misma línea que los dos cursos pasados. Desde ANPE, Ramón Izquierdo asegura que la prueba «se adecua a la situación que estamos viviendo con esa mayor optatividad. Seguimos con confinamientos de alumnos y, en muchos casos, los centros no tienen medios para dar clases online. Creemos que mientras dure la pandemia habrá que buscar cierta flexibilidad para que el alumnado no se vea perjudicado». Por su parte, Maribel Loranca, de UGT, considera «razonable» que se mantenga la mayor optatividad de los últimos años: «estamos hablando de alumnos que se enfrentan a un prueba que les condiciona mucho y que depende también de la media de bachillerato. El año pasado, tuvieron una semipresencialidad, no tuvieron las condiciones idóneas o normales prepandémicas».
Una novedad de este año —determinada por la nueva ley educativa— es que los alumnos podrán presentarse a la prueba con una asignatura suspensa, siempre y cuando el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos de la etapa, haya ido a clase de manera regular y tenga una media de 5. Una medida que no ha gustado a algunas comunidades, como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia. ANPE reconoce que esta excepcionalidad «está mucho más acotada que en un primer momento.
Al principio, en la primera redacción de la ley, creíamos que podía causar el abandono de determinadas asignaturas, pero ahora queda bastante atenuado. Un alumno con un 6 de media en el resto de asignaturas necesita, como mínimo, un 4 para poder presentarse a selectividad». En UGT son mucho más rotundos y califican el debate como «polémica interesada»: «los docentes son quienes mejor conocen a los alumnos y quienes mejor saben si están en condiciones de presentarse a la EVAU. No hay ningún problema». Insisten en que forma parte «de una nueva ley educativa que persigue una serie de objetivos y que conlleva cambios tanto en metodología como en evaluación. El objetivo de una ley educativa ha de ser no dejar a nadie atrás y flexibilizar para que todos puedan alcanzar el máximo nivel de formación sin tener ni cortapisas socioeconómicos ni de ningún tipo».
Los alumnos podrán presentarse a la prueba con una asignatura suspensa, siempre y cuando el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos de la etapa, haya ido a clase de manera regular y tenga una media de 5
Hacia una EVAU basada en competencias
Lo cierto es que, cada año, la convocatoria de la EVAU trae consigo el eterno debate sobre la necesidad o no de establecer una única prueba estatal común para todos los alumnos, en lugar de pruebas diferentes según la comunidad autónoma. Parece un reto difícil de conseguir, dado que el diseño de gran parte del currículo depende de las distintas regiones españolas.
ANPE lleva años poniendo voz a esta petición y defienden que «es una cuestión de lógica. Hablamos no solo de pruebas diferentes, también criterios de evaluación dispares. No puede ni debe haber grandes diferencias en este sentido. Muchos dicen que esta unificación no se puede hacer porque gran parte de los currículos son diseñados por las comunidades autónomas, pero lo cierto es que hay otra parte que es del Estado. Hasta ahora mismo es, al menos, un 50%, ya que es el Estado quien otorga los títulos y los homologa. Con esa parte mínima, hagamos una prueba homogénea. Creemos que es algo coherente que va en la línea de no buscar diferenciaciones porque al final todo esto crea desigualdades».
Desde el Ministerio de Universidades expresaban hace unas semanas su intención de revisar, junto a Educación, el examen.
Lo que se espera es que haya cambios que adapten la selectividad a la LOMLOE y que dibujen una prueba que exija menos reproducción de contenidos y más aplicación de conocimientos. Según UGT, no sería «hasta el curso 2023/2024 cuando se plantearía un proyecto de EVAU que tienda a homogeneizar en cierta medida el acceso».
Eso sí, dejan muy claro que, a su juicio, «hay que descartar una prueba única estatal por las propias competencias educativas. Es inviable. No se puede, salvo que pretendan que se examinen solo de la parte común del currículo. Otra cosa es acordar criterios que garanticen la igualdad: cómo se va a evaluar, con qué rigor o con qué grado de dificultad. Creemos que debería ir en ese sentido».
Una EVAU más competencial podría dar respuesta a las peticiones de unificación de la prueba y solucionaría algo que muchos denuncian y es que, con la aplicación de la nueva ley educativa, los centros gozarán de una mayor autonomía. Para algunos, esto podría derivar en una mayor disparidad de contenidos entre institutos.